Tras suspender su aplicación ayer, la Corte Suprema permite hoy entrada en vigor de ley antiinmigrante de Texas

El martes, la Corte Suprema despejó el camino para que Texas comience a aplicar de inmediato una controvertida ley de inmigración que permite a los funcionarios estatales arrestar y detener a personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente al país.

Los tres liberales del tribunal no estuvieron de acuerdo.

Se están llevando a cabo impugnaciones legales a la ley en un tribunal federal de apelaciones, pero la decisión otorga una victoria significativa, aunque temporal, a Texas, que ha estado en una batalla continua con la administración Biden sobre la política de inmigración.

El tribunal había estado bloqueando la entrada en vigor de la ley, emitiendo una suspensión indefinida el lunes, que fue anulada por la orden del martes.

El Proyecto de Ley Senatorial 4, promulgado por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, en diciembre, inmediatamente generó preocupación entre los defensores de la inmigración por un mayor perfilamiento racial, así como por detenciones e intentos de deportaciones por parte de las autoridades estatales en Texas, donde los latinos representan el 40% de la población.

Como suele ocurrir en las solicitudes de emergencia, el tribunal no explicó su razonamiento.

Sin embargo, una opinión concurrente escrita por la jueza Amy Coney Barrett, a la que se unió el juez Brett Kavanaugh, explicó que el tribunal de apelaciones sólo había dictado una orden “administrativa” temporal.

“Hasta donde yo sé, este tribunal nunca ha revisado la decisión de un tribunal de apelaciones de dictar –o no dictar– una suspensión administrativa”, escribió Barrett. “Cuando se introduce, se supone que una suspensión administrativa es un preludio de corta duración del evento principal: un fallo sobre la moción de suspensión pendiente de apelación”.

Barrett dijo que pensaba que era “imprudente invitar a un litigio de emergencia en este tribunal sobre si un tribunal de apelaciones abusó de su discreción en este paso preliminar”.

La jueza liberal Sonia Sotomayor dijo que la orden “invita a más caos y crisis en la aplicación de la ley de inmigración”.

La ley, escribió Sotomayor en su disidencia, “trastoca el equilibrio de poder federal-estatal que ha existido durante más de un siglo, en el que el Gobierno Nacional ha tenido autoridad exclusiva sobre la entrada y expulsión de no ciudadanos”.

“Texas ahora puede hacer cumplir inmediatamente su propia ley que impone responsabilidad penal a miles de no ciudadanos y exige su expulsión a México”, escribió Sotomayor. “Esta ley perturbará las delicadas relaciones exteriores, frustrará la protección de las personas que huyen de la persecución, obstaculizará los esfuerzos federales de aplicación de la ley, socavará la capacidad de las agencias federales para detectar y monitorear amenazas inminentes a la seguridad y disuadirá a los no ciudadanos de denunciar abusos o trata”.